Torres rechaza solicitud conjunta de Ripple y SEC

La jueza del distrito de EE. UU., Analisa Torres, ha rechazado la petición de Ripple y la SEC para modificar partes centrales de una decisión anterior. La resolución del 15 de mayo marca un revés para ambas partes, que previamente habían llegado a un acuerdo para resolver el caso bajo nuevas condiciones.

El caso y la demanda original

Ripple y la SEC presentaron a principios de mayo una solicitud que proponía dos cambios importantes: levantar la prohibición permanente de ventas para transacciones institucionales de XRP y reducir la multa impuesta a Ripple de 125 millones a 50 millones de dólares. Este acuerdo fue resultado de un cambio político en la SEC tras la renuncia de Gary Gensler. La nueva dirección adoptó una postura menos confrontacional hacia la industria cripto y buscaba resolver procedimientos de ejecución de alto nivel.

Argumento de Torres: fallos formales en el proceso

A pesar del apoyo conjunto de ambas partes, la jueza Torres rechazó la solicitud, señalando errores procesales sustanciales. Según ella, los solicitantes presentaron su petición bajo una regla incorrecta. Aunque la formularon como una aprobación de acuerdo, no cumplían con los estrictos requisitos legales necesarios para anular una sentencia definitiva. Específicamente, no invocaron la disposición de la Regla 60 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, que es relevante para estas solicitudes.

Torres enfatizó que los tribunales solo pueden conceder estas facilidades en casos excepcionales, un obstáculo que, en su opinión, no se había superado. También aclaró que rechazaría la solicitud incluso si recuperara su jurisdicción, ya que el caso está actualmente en apelación.

Perspectivas y reacción

La decisión de la jueza representa un giro inesperado. Stuart Alderoty, director legal de Ripple, y otros expertos legales analizaron las implicaciones de la decisión de Torres. Ambas partes ahora deben explorar vías legales alternativas para resolver el proceso. Este episodio resalta la complejidad de las negociaciones de acuerdo en tribunales federales, incluso cuando todas las partes involucradas —demandantes, demandados y la autoridad— buscan una solución consensuada.